1-7-2010 - Diario de Noticias de Álava
Los centros concertados calculan que recibirán más de 12.000 denuncias mensuales de docentes por impagos
Colegios e ikastolas piden "amparo legal" al parlamento vasco para paliar los recortes
Recuerdan que la Ley aprobada por la Cámara vasca impedirá a las escuelas abonar a los empleados su salario íntegro
Vitoria. Conscientes de la dificultad que entraña que la modificación de la Ley de Presupuestos aprobada la semana pasada deje sin efecto todo lo relativo a la financiación de la red concertada, los centros han pedido al Parlamento "amparo legal" para hacer frente a las posibles consecuencias de dicha normativa, que establece una rebaja del salario de los docentes similar a la de aquéllos que desempeñan su labor en la escuela pública.
Los colegios e ikastolas que integran la red calculan que podrían recibir cerca de 12.000 denuncias mensuales por impago. Según recuerdan, los recortes que contempla esta Ley a la que dio luz verde la Cámara vasca hace exactamente una semana con los apoyos de PSE y PP impediría abonar a los profesores su salario íntegro, por lo que dejaría a estos centros "en un escenario de ilegalidad". "El mismo Parlamento Vasco nos coloca en una situación de incumplimiento legal", aseguró ayer el presidente de Kristau Eskola, Aitor Bilbao, que acudió a la Comisión de Educación acompañado por representantes de todos los centros que integran la red concertada, entre ellos, Ikastolen Elkartea, Eusko Ikastola Batza, Ikasgiltza y la Asociación Independiente de Centros.
Poca financiación
Durante su comparecencia trataron de dar argumentos para que el Ejecutivo vasco rectifique su propuesta en materia de personal. En este sentido, recordaron que la red concertada, siendo la que escolariza al 50% del alumnado vasco, recibe un tercio del presupuesto público destinado a la Educación. "El Gobierno Vasco siempre ha reconocido que estábamos poco financiados", aseguró Bilbao. Según los datos que dieron a conocer, un docente de un colegio religioso o de una ikastola trabaja de media hasta 200 horas anuales más que uno de la pública, y en cambio cobra un 5% menos, por lo que no consideran justo que se les aplique el mismo recorte que a los funcionarios.
Según el presidente de Kristau Eskola, la Ley aprobada por el Parlamento Vasco les obligaría a incumplir el convenio de la concertada, ya que no podrían pagar a sus empleados su sueldo íntegro. De no hacerlo, es decir, de mantener los salarios, tendrían que buscar otras alternativas como cobrar cuotas a las familias, algo que, según recordaron, tampoco es legal. Por ello, instó al Ejecutivo vasco a que les ayude en la búsqueda de una solución. En este sentido, su principal propuesta es que se adopten las "medidas legales oportunas" para dejar sin efecto la disposición adicional séptima de la Ley de modificación de la Ley de Presupuestos, es decir, la que establece el recorte de la financiación pública para la red concertada en materia de personal. De no hacerlo, solicita "amparo legal" para hacer frente a las denuncias que podrían recibir por parte de los profesores por incumplimiento de convenio, "unas 12.000 mensuales", según calculan.
En caso de que el Departamento de Educación no atienda a sus demandas, los centros no descartan acudir a los tribunales para denunciar "la inconstitucionalidad" de esta medida. Sin embargo, ya anuncian que ésta sería la última alternativa. "Sería una muy mala noticia acabar así, estamos dispuestos a estudiar otro tipo de medidas que supongan un verdadero ahorro", añadió el portavoz del colectivo.
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